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Temores por posible estallido social y debilidad de la gobernabilidad.

Por Hugo Nicolás Vazquez .-. El gobierno Nacional ha comenzado a manifestar sus temores ante la creciente situación surgida por aumento desmesurado de precios en los productos integrantes de la canasta básica de comestibles. La falta de mercadería con precios congelados que el gobierno convino hace algunos meses y el cambio de embaces para producir aumentos excusados como materias plus, han reducido el salario en los últimos 20 días en más del 19% y en lo que va del año en más del 35%. Esto ha comenzado a hacer huella en las provincias y en muchos de los casos, como en San Juan, ya se proponen ollas populares para permitir una básica alimentación.

Claro, San Juan es un caso especial. Aquí el desempleo está creciendo a un promedio de 0,9% mensual y los salarios, que antes llegaban a cifras importantes -por el aporte de Barrick en cuanto al empleo producido por las empresas subcontratistas de la minera- ahora no alcanzan a cubrir el 30% de aquellos montos y los créditos tomados por los trabajadores del sector han comenzado a dejar yagas en los recursos familiares.

El agro sanjuanino, descuidado durante 10 años de gestión giojista basado en el brillo deslumbrador del oro , no puede dar respuestas como antaño y ya comienza a aparecer la mano de obra desocupada, que

busca, de cualquier manera, no quedar excluida de la canasta básica.

Pese a quien le pese San Juan está contenida por una situación especial, que nace después del 11 de octubre y ocupa el sentimiento “solidario” de los sanjuaninos, surgido desde el hospital Rawson en cada parte médico referido a la salud del gobernador, que hace que casos aberrantes como el de Camila, o la beba de 3 años violada este domingo, pierdan la importancia requerida a la sensibilidad de cualquier sociedad que precie de justa.

El temor al estallido social tiene ahora un fundamento más real, surgido del decanto del hormiguero político de las elecciones y de la desobediencia a los pactos de precios máximos.

El comerció buscó este fin de semana recuperar dividendos para afrontar los pagos que vencen en los próximos veinte días (salarios, medio aguinaldo, ganancias y otros) y sólo consiguió “chirolas” que no excedieron en mucho un simple ventilador de pie o un juego de sillas. Las esperanzas de “arreglar la casa”, o ampliar la vivienda, han quedado rezagadas, hace ya más de 20 días, desde que el cemento y el hierro llegaron a las nubes, aunque la mano de obra mantiene sus

costos por debajo de los valores de hace tres meses.

Mientras el gobierno Nacional ha firmado, en acuerdo de ministros, para intentar frenar la situación,  la ampliación del gasto público en decena de miles de millones de pesos tales como: la ampliación de los gastos de la ANSeS en más de 22.000 millones de pesos, la mayor parte para pagar jubilaciones,  pensiones y otras prestaciones. 79.664,5 millones de pesos en colocación de deuda a largo plazo, la mayor parte en pesos. Al mismo tiempo, hay 9.317 millones de pesos destinados a cancelar deuda pública.
La parte más grande de los nuevos gastos autorizados es para subsidios de distinto tipo. Hay casi 12.000 millones de pesos en transferencias directas a empresas del Estado, de los que 6.837 millones son para empresas públicas de energía (más de 5.000 millones son para Enarsa); 2.759,7 millones los trenes reestatizados, 1.305 millones para empresas públicas de comunicaciones (976 millones a Arsat y 90 millones a Canal 7 y Radio Nacional) y 994 millones de pesos para AySA.

De esta manera se vuelve a meter la mano en el fondo de la lata y patear para adelante una bola de fuego que no tardará en explotar, ya como faltante, ya como indigencia.
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