En Latinoamérica, así se conoce al proyecto imperial de dominación continental que, so pretexto de combatir el narcotráfico que desangra a Colombia, comprende amplia presencia militar norteamericana, hechos de desestabilización política en toda la región, y múltiple ayuda, desde bélica hasta económica, al gobierno paramilitar de Alvaro Uribe por parte de los Estados Unidos.
Sus resultados devastadores, sin embargo, sólo se cuentan entre las fuerzas de insurgencia política y victimizan aún más a la castigada población civil, con miles de dirigentes sindicales asesinados.
Mientras el Plan Colombia se profundiza, el narcoterrorismo sigue financiando campañas políticas.
En la Argentina, el Plan Colombia es mucho más modesto. De entrecasa, digamos. Una parodia de aquél, aunque en el fondo ambos persigan el mismo objetivo político: acabar de una vez y para siempre con el proceso de integración regional, que ensaya respuestas concretas a la marginación que el neoliberalismo dejó sembrada como peste en estas tierras.
Su protagonista: Francisco de Narváez Steuer, un ridículo empresario polirrubro, de pelo colorado y enigmático tatoo en la yugular, torpe como un adoquín para las definiciones políticas y –atenti- vinculado a un sonado caso de tráfico de efedrina, un reactivo químico esencial para la producción de drogas sintéticas, además de la cocaína.
Sólo a un niño bien experto en derrochar su fortuna familiar, y que por última osadía se le ocurre actuar en política, se le puede escapar el furcio de defender abiertamente el golpe de Estado en Honduras, tan sólo 24 horas después de haber ganado una elección (aunque por escasísimo margen).
Ningún político de raza pisa el palito, y menos si es mientras disfruta las mieles del favor mediático, ambiente, el de los medios, que De Narváez debiera conocer hasta el detalle, debido a su ilegal participación en el capital accionario del multimedios América. Esa posesión lucrativa se encuentra expresamente prohibida para Diputados de la Nación, normativa que, sin embargo, El Colorado viola de modo alevoso.
Lo cierto es que aún contando con la opinión positiva de la mayoría de los opinadores masivos, entre ellos quienes lo entrevistaban aquella noche en el canal TN, propiedad del Grupo Clarín, el empresario devenido en político estrella de la oposición se dejó arrinconar por los conductores, y debió ceder una confesión políticamente incorrecta: su declaración de amor por el empresario que había derrocado ilegalmente a Manuel Zelaya, su colega Roberto Michetelli. Un típico error de principiante, incompatible para alguien que aspira a capitanear el peronismo.
Es que, aunque resulte difícil creerlo, De Narváez, argentino por opción pero colombiano de nacimiento, ha mostrado en las últimas semanas el deseo abierto de competir por la conducción del Partido Justicialista, para lanzarse, luego, a la carrera presidencial.
Seguramente se sienta entusiasmado con el triunfo electoral del candidato derechista en Chile, el acaudalado Sebastián Piñera, cuyo apego por el ridículo público lo asemeja, además de por la cantidad de bienes, a Mauricio Macri, el ex socio del colombiano.
El Colorado ha tenido el tupé de desafiar a Néstor Kirchner, y no contento con la nueva osadía, se ha declarado peronista. Caramba. El despedidor de trabajadores cuando controlaba Casa Tía, se proclama, ahora, “peronista”.
Mire usted. Hasta se anima a darle consejos a Hugo Moyano sobre sindicalismo y representación gremial. Quien alguna vez se jactó de haber echado a empleados que tenían 25 años de experiencia, liberándose de “todos, los buenos y los malos; desde los cajeros hasta las secretarias de los gerentes, personas que en el pasado habían dirigido la compañía”, declara ahora sentirse preocupado por el trabajo informal.
Peor: le reclama al jefe cegetista “modernizar” la representación sindical, justamente a quien ha logrado hitos para sus afiliados, como contar los trabajadores con el mas moderno sanatorio de America latina que contribuye a la mejor cobertura en salud, el más lujoso servicio hotelero en todo el país, mejores condiciones de trabajo y los sueldos más altos de entre toda la estructura salarial argentina. |
Salvo que “modernizar” signifique “flexibilizar” es decir permitir que se arrasen con el trabajo y los demás derechos de los trabajadores.
Lo de Francisco de Narváez parece ser un nuevo intento del establishment económico por volver a usufructuar la estructura política y territorial del peronismo, clave para la representación popular y la construcción de poder real entre las bases sociales, tal como lo hicieran Carlos Menem y Eduardo Duhalde en la década del 90 y hasta 2003.
Sin el peronismo a su favor, saben, la derecha no podrá detener la profundización del modelo de país que se inició con el gobierno de Néstor Kirchner.
Ensaya, entonces, reflotar la experiencia neoliberal dentro del Justicialismo, como en las viejas épocas de oro de la UCD, cuando sus dirigentes cantaban sonrojados la Marcha Peronista, a cambio de implantar con la simbología nacional y popular el plan neoliberal, de devastación social, material y cultural más extraordinario que se tenga registro en la historia argentina, urdiendo al mismo tiempo el desfalco ideológico más brutal del que se tenga memoria, imposible de ser consumado sin el genocidio sufrido en el país durante la dictadura, que desarticuló las organizaciones sociales, sindicales y políticas más comprometidas con la defensa de los intereses populares.
No obstante, la rotunda respuesta del líder de la CGT, Hugo Moyano, indiscutiblemente el gremialista de mayor consenso entre las bases obreras, hace peligrar la intentona.
El camionero expresó que el “peronismo es de los laburantes” y se opone al “peronismo coqueto o paquete con que estos señores pretenden apoderarse”.
También, prometió “movilizar a todos los trabajadores que sean necesarios” para oponerse al empresario en caso |
de que decida presentarse a elecciones dentro de la interna partidaria y recordó que en el pasado “muchos sectores políticos nos arrebataron” el PJ, advirtiendo que quienes lo intentan ahora sólo se interesan por la estructura “para llegar al poder, y después hacen todo lo contrario a lo que dicen que se debería hacer desde el peronismo”.
A la oposición política de la mayoría de los miembros activos del peronismo a una eventual candidatura a un cargo Ejecutivo de De Narváez, ya sea en la gobernación bonaerense, o en la Casa Rosada, se le suma un impedimento legal: la mismísima Constitución Nacional, que en sus articulados exige que el Presidente y el Vicepresidente de la Nación hayan nacido en el territorio argentino, o, en el caso de haber nacido en el exterior, sean hijos de ciudadanos nativos, condición que no reúne el empresario, vástago natural de un colombiano y una checoslovaca.
Esa inhibición constitucional, sin embargo, puede ser revisada por la Justicia. Llegado el caso, el Máximo Tribunal del país puede declarar la inconstitucionalidad de la mismísima Constitución, y darle permiso a De Narváez de sacarse el gusto y probarse cómo le queda la banda presidencial cruzada sobre sus elegantes trajes de “alta gama”, como se dice ahora.
¿Le dará la Corte Suprema ese beneficio? ¿Observará lo que la ley máxima de la Nación reglamenta, o se rendirá ante los favores de la gruesa billetera del colombiano? Todo es posible en la Argentina del Partido de la Justicia, menos una cuestión: volver atrás en la Historia. Y, recuperación salarial mediante, la versión neoliberal del peronismo parece estar condenada a no volver a repetirse.
(*) La Comisión Política de la CNSP esta integrada por: Antonio Caló, Omar Viviani, Mario Manrique, Jorge Lobais, Domingo Moreira, Carlos Ríos, Nelson Farina, Horacio Ghillini, Omar Plaini, Juan C. Schmid y Julio Piumato
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La causa de La Tablada, cerca de la prescripción
 Los presuntos fusilamientos de integrantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que se rindieron tras el frustrado intento de copamiento del cuartel de La Tablada en 1989 no son delitos de lesa humanidad, según dispuso la Cámara Federal de San Martín.
El tribunal revocó una decisión del juez de primera instancia de Morón Germán Castelli y, de esta manera, dejó al borde de la prescripción la causa que investigaba las torturas y ejecuciones a que habría sido sometida una decena de integrantes del MTP después de rendirse, tras la recuperación de la unidad por parte de fuerzas militares.
El fallo de la Cámara Federal de San Martín advirtió que "aún cuando se tuviera por comprobada la existencia de los hechos aberrantes" durante la recuperación del regimiento tomado por el MTP "difícilmente fuera correcto afirmar que se tratara de una política del Estado argentino, ni de un grupo no gubernamental que ejercía un dominio cuasi estatal cumpliendo los roles de un Estado en un territorio".
En todo caso, señala el fallo, "de comprobarse su existencia, podría tratarse, a todo evento, de un caso de corrupción o exceso por parte de algún ó algunos miembros de las fuerzas que encararon la recuperación, pero la responsabilidad de esos hechos no podría ser trasladada al Estado como si se tratara de su propia política" porque todo ocurrió en democracia.
Razones.
Según se remarcó en el fallo, es claro que "el Estado argentino no persigue desde la instalación de la democracia en 1983, ni directamente ni por medio de una tolerancia omisiva, ningún plan específico fundado en las razones espurias que dan lugar a crímenes de lesa humanidad".
De esta manera, la Cámara Federal de San Martín cerró la puerta para el juzgamiento de los supuestos crímenes que habrían ocurrido en el marco de la toma del cuartel de La Tablada por parte del grupo MTP, liderado por Enrique Gorriarán Merlo, ocurrida el 23 de enero de 1989, un mes y medio después del tercer levantamiento "carapintada" que soportó el entonces presidente Raúl Alfonsín. El argumento del MTP fue que se trataba de impedir otro supuesto alzamiento militar contra la democracia.
Después de un día y medio de ocupación, las fuerzas militares recuperaron el predio militar: allí se rindieron 14 miembros del MTP, tras un supuesto enfrentamiento que dejó bajas de ambos lados. Hubo 11 policías y militares muertos, mientras que cayeron 28 atacantes, algunos de los cuales -según denuncias posteriores- habrían sido fusilados.
"Lesa humanidad".
Fue por eso que en setiembre último el juez Castelli había firmado un fallo en el que entendía que el caso podía ser considerado de "lesa humanidad". El juez entendió que cuando Alfonsín activó "el más vigoroso brazo armado del país en defensa de la Nación", varios de los agentes convocados "aprovecharon el extraordinario poder otorgado, el dominio del escenario de los hechos, la estructura y los recursos estatales, para sobrepasar, sigilosamente, el poder presidencial, y así planificar y ejecutar graves violaciones al derecho humanitario internacional".
Fue por eso que ordenó detener a dos militares por las muertes de Iván Ruiz y José Alejandro Díaz, dos de los jóvenes que habían participado del ataque a La Tablada y que, si bien se rindieron, habrían sido asesinados. Sin embargo, el fallo fue apelado ante la Cámara Federal de San Martín, que el pasado 18 de enero -pese a que recién trascendió ayer- resolvió revocar la sentencia de Castelli al desacreditar la posibilidad de un delito de lesa humanidad. (DyN)
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De Narváez y el Peronismo: el Plan Colombia desembarca en la Argentina